Opinión

La provisión de servicios  en el banquillo de los acusados

Por María Rosa Batalla

La Defensoría del Pueblo de Pilar ha manifestado por estos días que el mayor número de reclamos recibidos en su oficina corresponden a prestación de dos empresas privatizadas, encargadas de la provisión de  energía eléctrica y agua corriente. Ellas son la empresa Edenor y Sudamericana de Aguas. Es decir, son dos empresas que asumieron el compromiso de brindarnos dos elementos esenciales. Los que dan legitimidad al derecho a la calidad de vida de la población. Claro, no es gratuito el compromiso asumido. Es a cuenta de nuestros bolsillos que nos los proveen.
Fue por aquellos días, cuando las temperaturas llegaron a su nivel máximo y tanto nuestra vida cotidiana como nuestra salud dependían de la provisión de energía eléctrica y de agua, que las dos empresas mostraron serias deficiencias en cumplir con el contrato socialmente adquirido.
Desde la privatización, y por cláusulas contractuales, los usuarios somos rehenes de estas empresas monopólicas. No podemos optar por otra firma prestataria de agua o electricidad  Es así como si los estándares de calidad del agua no son las recomendadas por la OMS, Organización Mundial de la Salud, o por el Código Alimentario Argentino, no podemos cambiar por otra empresa que sí cumpla con la provisión de agua óptima para el consumo humano.   Si de monopolios se trata, estos son dos claros ejemplos de ello.
Si durante los días en que las temperaturas fueron superiores a los 35º no pudimos aspirar, en algunos casos, a que un humilde ventilador nos ayudara a soportarlos con mayor comodidad. Como ciudadanos nos sentimos sometidos a una forma de abuso.
Con buen tino, la Defensoría del Pueblo de Pilar da a conocer estas cifras y en alguna oportunidad hizo oídos a los reclamos que desde la Coalición Cívica efectuara la concejal Marcela Campagnoli. El objetivo era  que el Estado tomara cartas en el asunto. Debía obligar a la empresa distribuidora de agua a que cumpla con los valores permitidos de arsénico y otras sustancias disueltas en ella. Es decir que se diera cumplimiento a las exigencias de las normas nacionales e internacionales,  de modo de que no afecten a mediano y largo plazo la salud de la población.
Este reclamo también fue llevado a las Defensorías del Pueblo de Nación y de Provincia, hace ya un año de ello. Sin embargo, no hay respuestas satisfactorias a la vista y quienes tienen a su cargo el control de estos servicios  parecen no cumplir con el mandato.
¡Cuántas cosas no funcionan sino funcionan la luz y si no tenemos agua! Entre ellas, la función “gobierno” de nuestra sociedad.