Concejales insisten en que se cobre a industrias y countries que usen el monitoreo de cámaras estatal

El Municipio pretendía crear una tasa de 500 pesos por equipo, pero dio marcha atrás. Ediles de la oposición y el oficialismo sostienen que deberían pagar, para poder solventar el servicio en el caso de que haya que aumentar la cantidad de personal y hardware. Molestia por las idas y venidas de un proyecto polémico.

Los concejales Marcela Campagnoli, Walter Roldan, Diego Ranieli, Gustavo Trindade y Miguel Saric.

Concejales de la oposición y el oficialismo de Pilar coincidieron en que las empresas, industrias y countries que quieran sumar sus cámaras al monitoreo estatal deberán pagar.
El martes en diálogo con Pilar de Todos el Secretario de Gobierno Ricardo Male había señalado que no se impondría una tasa a los distintos actores del sector privado que quieran sumar sus equipos (los que están en los ingresos y no en el interior) al monitoreo que el Estado realiza desde un búnker instalado en la Avenida Tratado del Pilar al 100.
En diciembre del año pasado el Concejo había tenido que dar sorpresivamente marcha atrás con una propuesta (emanada desde el Ejecutivo) que pretendía cobrarle 500 pesos por cámara por mes a cada emprendimiento. Los argumentos que esgrimieron los ediles del oficialismo para explicar la súbita modificación (estaba a punto de ser tratada en sesión) era que el Municipio estaba trabajando en un plan integral de seguridad, que presentará en febrero y que tiene como eje principal la creación de un Consejo de Seguridad y la puesta en funcionamiento de patrullas blindadas conducidas por personal policial retirado y en actividad.
Sin embargo, concejales del zuccarismo habían asegurado que el nuevo plan contemplaba la posibilidad del monitoreo de cámaras, y que iba a mantenerse el espíritu de cobrarles a los emprendimientos.
Por eso la sorpresa y desconcierto en algunos luego de los dichos de Male (ver El Municipio no le cobrará a los privados por el monitoreo de cámaras de seguridad) en concejales no sólo dela oposición sino también del oficialismo.
“Yo considero que si no cobrarles significa un costo y erogación para el Municipio no estoy de acuerdo. Si añadimos más cámaras no me parece correcto que se haga cargo la Comuna de los costos de más computadoras o personal”, expuso el oficialista Walter Roldán, uno de los que más había defendido la medida que buscaba cobrarles 500 pesos por mes por cámara a los emprendimientos privados.
El también oficialista Miguel Saric, señaló que el proyecto es solventado con fondos de Nación, pero expuso que en el caso de que haya que agrandar la logística ahí debería ser el Municipio el que se haga cargo de los costos extras.
“El dinero que viene de Nación no siempre va a estar disponible o quizá sufra demoras. Por eso habíamos pensado en la creación de una tasa de seguridad vía ABL, porque se va a poner en marcha  un Consejo de Seguridad que implementará políticas que deberán recibir inversión, y lo mismo en el caso de las cámaras. Si las cámaras sirven para toda la comunidad, está bien, pero si es sólo para controlar el ingreso a un country, deberían pagar”, se plantó Saric.
Para el denarvaísta Diego Ranieli, en tanto, la cuestión no pasa tanto por cobrar o no cobrar, sino por optimizar los recursos al máximo y no “desviarlos” en el sector privado.
“No se puede sumar cualquier cámara, sino que tiene que ser una que esté en un acceso público, si sólo beneficia a un barrio cerrado, no. Porque no serviría como seguridad en general, que es a lo que tiene que apuntar el Estado. Yo nunca estuve a favor de que se cobre, pero sí de que se usen cámaras que le sirvan a la Comunidad”, expuso Ranieli.
“Cuando nosotros acompañamos la idea de posponer los 500 pesos por cámara, lo hicimos con la promesa de que se respete el cobro a los privados y es ahora absurdo que no se cumpla con un canon, ya que se trata de espacios privados y no públicos”, expuso Gustavo Trindade.
En ese sentido, señaló que las cámaras de seguridad de industrias y countries apuntan “a los accesos y egresos de esos barrios y comercios”, y no a la vía pública.
“Es muy poco lo que a la seguridad pública pueden aportar este tipo de cámaras”, manifestó Trindade.
La concejal de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, por su parte, pidió que se trate con más “prolijidad” un tema tan sensible como la seguridad integral y pública, y señaló que se enteró a través de Pilar de Todos.
“Ya son muchas las idas y venidas por este tema; creo que se debería planificar todo con un poco más de cuidado, sobre todo si hablamos de un plan de seguridad integral”, objetó.
En cuanto al cobro, Campagnoli señaló que si las cámaras apuntan a sectores públicos no se debería aplicar un canon, pero dudó de que esto ocurra en todos los casos, ya que una ley provincial prohíbe que las cámaras de seguridad de privados monitoreen espacios comunes.
“En teoría las cámaras deben apuntar hacia adentro o a los accesos (de los countries o empresas) y no hacia afuera; no veo cuál sea el beneficio de sumarlos en este caso”, opinó la edil.
El proyecto Integral de Seguridad Ciudadana, tal como lo ha nombrado el Municipio, además de las cámaras incluye patrullas blindadas, unas 7, y personal policial en actividad y retirado. Ese proyecto deberá pasar en febrero, según los cálculos del oficialismo, por el HCD, ámbito en donde ya se prevé una dura discusión.