El gobierno restringe información tributaria para evitar fraude con terrenos

El Gobierno confirmó que hubo despidos de empleados que modificaban titularidades de terrenos con deudas. Buscan mecanismos para frenar la modalidad. No descartan que haya más casos de “entregadores” de tierras.

El despido de un agente municipal del área de Rentas destapó las gruesas irregularidades y delitos que se perpetraban desde esa dependencia.

El despido de un agente municipal del área de Rentas destapó, una vez más, las gruesas irregularidades y delitos que se perpetraban (y se investiga si aún se sigue haciendo) desde esa dependencia respecto al fraude que se cometía con terrenos privados.
Ayer desde el Gobierno confirmaron que en los últimos días se expulsó del Municipio a un empleado que habría modificado la titularidad de terrenos de Astolfi, mecanismo que se detectó porque eran propiedad original de un familiar de un funcionario.
El ahora ex empleado, cuyo apellido no trascendió pero sería de nombre Ariel, habría accedido a información que indicaba que esas parcelas tenían deuda municipal desde hace más de 10 años, y, con contactos desde afuera, trasladó esas obligaciones a una persona que se quedó con las parcelas, muñido no de un boleto de compra venta sino de comprobantes que lo hacían pagador de esas obligaciones tributarias.
Cuando el funcionario cuyo familiar era el verdadero dueño de esos terrenos quiso averiguar la deuda, se enteró de que aparecían ya en la base de datos de la Comuna a nombre de otra persona.
“El caso existió, sí, y se está detrás de situaciones similares. Hasta el momento hemos detectado 2 ó 3 más. Trabajan de manera muy fina y con acceso a datos sensibles”, señaló un alto funcionario comunal a Pilar de Todos.
Es por eso que se decidió, entre otras cosas, no brindar información tributaria a personas que no sean los propietarios de las parcelas, aunque admiten que el verdadero problema “está adentro”.
“La cuestión es informática, porque desde Rentas se puede saber qué terrenos tiene deudas, eso es obvio. Lo que estamos analizando es ponerle límites al acceso a esa información, o que se haga de una manera tal que no sea sencillo llevar adelante operatorias fraudulentas”, añadieron las mismas fuentes.
Desde el Gobierno, además, señalaron que se está detrás de otras irregularidades detectadas, como el otorgamiento de habilitaciones “poco claras” a determinados rubros comerciales.