Finalmente, menores ebrios no podrán ser trasladados a las comisarías

Una ordenanza que prevé multas para padres de los chicos abría la posibilidad para que sean llevados a dependencias policiales. Sin embargo, fallos judiciales negaban esa posibilidad, por lo que el HCD tuvo que dar marcha atrás. Igual, hay dudas con la aplicación de la normativa.

La también oficialista Liliana Alfaya tuvo que defender los cambios a una normativa que ellos mismos habían avalado.

La polémica en torno a la ordenanza que prevé multas a los padres de menores de edad que estén alcoholizados en la vía pública vuelve a generar polémica entre los concejales de Pilar.
Es que después de haberla votado y aprobado por unanimidad comenzaron a aparecer fallas en cuanto a su aplicación, y una de las más relevantes fue la que prevé el traslado de los infractores a las comisarías del distrito.
La ordenanza se aprobó, pasó a instancias del Departamento Ejecutivo y ahí comenzaron a sonar las voces que se mostraron en contra del traslado de menores a dependencias policiales. Hasta el propio Secretario de Gobierno, Ricardo Male, salió a decir en declaraciones a www.pilardetodos.com.ar que eso era “inconstitucional”. Mientras por otro lado, las endebles definiciones del intendente Humberto Zúccaro decían que la ordenanza “está vigente pero no se aplica”. Toda una rareza jurídica.
Finalmente, la flamante ordenanza volvió a manos de los concejales quienes tras semanas de machacar, entendieron, no sin incomodidad, que había que modificarla.
Hace unos días volvieron a reunirse con un Juez de Menores para terminar de pulir las modificaciones y ver de qué manera reemplazar el traslado de los menores hacia otras dependencias para finalmente volver a debatir el texto en el recinto.
Y es eso lo que resolvió ayer el Concejo Deliberante. Sin embargo, algunos legisladores ayer antes de la votación se mostraron en contra de avalar las modificaciones.
“Yo voy a avalar el texto original. A los chicos que estén haciendo disturbios hay que llevarlos a un lugar acorde, como por ejemplo las comisarías”, dijo el oficialista Miguel Saric.
“¿Qué les van a decir si los llevan a otros lados? Les van a dar un caramelo y les van a decir ´nene quedate acá mientras tus papás te vienen a buscar’? No, hay que llevarlos a las dependencias policiales”, reclamó el hombre.
También aseguró que muchos de sus compañeros de bloque estaban de acuerdo con su postura, “pero no se animan a decirlo”.
La también oficialista Liliana Alfaya tuvo que defender los cambios a una normativa que ellos mismos habían avalado, y que luego defendían con uñas y dientes.
“Lamentablemente luego de haber conseguido la unanimidad, apareció esa biblioteca jurídica que se divide en dos, y en donde muchos que defienden los intereses de que los chicos se sigan alcoholizado se paran. Pero como no queremos que el día de mañana nos digan que esto no se puede aplicar, o que aparezca, como seguramente iba a pasar, un recurso de amparo, es que cambiamos los que nos propusieron. Pero no le tenemos miedo a las instituciones de la Democracia”, enfatizó la edil de Del Viso, quien además preside el Foro de Seguridad de esa localidad.
El denarvaísta Diego Ranieli pidió que se mantenga el texto original, y al mismo tiempo recordó que “hay criterios de la justicia o de alguos abogados que se pueden modificar”.
“Que haya habido alguna resolución judicial que diga que esto no se puede aplicar no significa que sea así. Muchos abogados han cambiado criterios de cosas que ya estaban preestablecidas y triunfaron. Con esto le estamos diciendo a la Policía que actúe, pero hasta ahí nomás. Si un chico está haciendo algún disturbio en la calle, el policía se va a acercar y le va a decir, ‘hola pibe, ¿me das el teléfono de tu papá? No le tengo miedo al accionar policial aunque sé que es un tema chocante, pero nos estamos quedando a mitad de camino, esto es un retroceso y no es lo que buscábamos”, planteó Ranieli.
A su vez, el felipista Gustavo Trindade recordó que la vez que aprobaron pro primera vez acompañó, pero ahora dijo sentirse “manoseado”.
“Nos decía el bloque oficialista que esta era la herramienta que necesitaba el Ejecutivo para poder actuar y por eso dimos nuestro voto. Pero ahora esto es dar un paso para atrás, pedimos que se mantenga la ordenanza original y que el intendente (Humberto Zúccaro) ponga lo que tenga que poner para aplicarla”, sostuvo.
Finalmente, por mayoría se aplicó un cambio que señala que en los casos que haya menores de 18 años “la fuerza pública deberá proceder a dar aviso a los padres o responsables y en caso de ebriedad trasladar al hospital más cercano” a los chicos.
En “ningún caso”, dice el agregado, podrá haber “arrestro o traslado a dependecias policiales".