Otro revés para la misma empresa

Denuncian muertes por intoxicación, abortos espontáneos y trabajo infantil en granjas avícolas

Se trata de la firma Nuestra Huella que posee varios campos en el distrito. Ex trabajadores relataron además que electrifican los cercos perimetrales, les administran anfetaminas y los exponen a fuertes agrotóxicos con los que deben fumigar, entre otras vejaciones. La Justicia allanó la sede de la firma pero no encontró elementos para avanzar en la causa. Querellantes aseguran que gracias a la difusión de la situación, bajó la explotación de menores.

La firma Nuestra Huella S.A, empresa avícola que tiene varios campos en el distrito de Pilar, está nuevamente en el ojo de la tormenta debido a la aparición de graves denuncias vertidas por ex trabajadores y que van desde la aparición de trabajo infantil, hasta muertes por intoxicación.
Según declaraciones a la televisión, varios ex empleados de la empresa fueron echados luego de haber revelado las supuestas aberraciones que se producen en cada una de las granjas. Es que los ex empleados denunciaron la existencia de niños que realizaban tareas en las granjas tales como juntar huevos, fumigar y barrer los pasillos que dividen los sectores en los que se ubican alrededor de 20 mil pollos por granja, estando en contacto con el guano de los animales, sin botas y cumpliendo largas jornadas laborales.
Pero lo más grave es que además aseguraron que se conocieron casos de muertes por intoxicación debido a la utilización de agrotóxicos con los que debían eliminar las moscas que genera el guano, pero sin la utilización de la protección correspondiente para el cuidado de la salud.
Este es, por ejemplo, el caso de la esposa de Ángel Oscar de Asís quien denunció que su mujer murió por envenenamiento.
“Ella trabajaba en la granja, se intoxicó, estuvo 9 días internada y falleció”, relató en un informe periodístico que puso al aire América 2.
En las granjas de Nuestra Huella S.A, según los denunciantes, se acostumbra emplear a familias numerosas, generalmente extranjeras e indocumentadas, con el objetivo de hacer trabajar a todos los integrantes de la misma, pero sólo pagar un sueldo y a cambio también les ofrece una casa.
“Hacen preferencia con familias que tienen 8 hijos. Ellos saben que los chicos están trabajando en las granjas. Son explotadores, nos tratan peor que a los animales, las casas no tienen ni puertas ni ventanas y nos tienen en contacto con los tóxicos porque quieren que fumiguemos como cuatro veces por día para que no haya moscas”, detalló Oscar Taboada, uno de los empleados que tras la denuncia fue despedido.

Cercos electrificados y anfetaminas
La Justicia intervino para intentar frenar las vejaciones a las que fueron expuestos los trabajadores. La causa está a cargo del Fiscal Juan José Maraggi, quien relató que en las inspecciones “hubo varias cosas que llamaron la atención”.
Es que Maraggi afirmó que en la causa hay testimonios de trabajadores que han afirmado que los cercos perimetrales de las granjas están electrificados y además que a los empleados que se enferman, les administran anfetaminas, con el presunto objetivo de lograr que sigan trabajando.
“Los denunciantes dicen que el casero, a las 6 de la tarde, conectaba los cables a 220 voltios y que cuando estaban enfermos no los dejaban ir al médico. Decían que les daban unas bolsitas con píldoras, y cuando las hicimos analizar por efectivos de Gendarmería se determinó que eran anfetaminas. Calculamos que lo hacían para que trabajen y produzcan más”, relató Maraggi, quien agregó que en los expedientes de la investigación “también hay denuncias de fallecimientos de recién nacidos y abortos espontáneos” debido al contacto con los venenos con los que fumigaban los cuales “estaban al alcance de los chicos y trabajadores”.
Asimismo, la mayoría de los empleados, detalló el fiscal, son de origen boliviano y sin documentos a quienes además les descontaban del magro sueldo que recibían los huevos que se rompían durante la recolección.
Pero pese a las inspecciones que realizó la Justicia aún no pueden determinar quien o quienes son los responsables.
“Porque es una asociación civil, todavía estamos determinando quiénes son los responsables. Quien firma como presidenta es Alejandra López Camelo. Se hicieron allanamientos en la sede y no se obtuvo ningún tipo de documentación por lo que no pudimos avanzar en quienes son”, informó el fiscal Maraggi.
Las denuncias contra Nuestra Huella S.A datan del año 2008, cuando por primera vez salía a la luz un documento que mostraba a niños realizando tareas dentro de las granjas. (Ver http://www.pilardetodos.com.ar/20080816/trabajoinfantil.html ).
El material fue recavado por la ONG La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Pese a las evidencias, hasta la actualidad la firma sólo recibió una multa de 970 mil pesos “por irregularidades laborales”.
Además de López Camelo, las accionistas de Nuestra Huella serían Leticia García y María Luz Luaces, viuda e hija respectivamente de Carlos Luaces, reconocido vecino de Pilar fallecido el año pasado.