Datos del Municipio

Violencia Familiar: el 70% de los casos es por maltrato y abuso sexual a menores

El 30% restante corresponde a mujeres golpeadas. De todas maneras aclaran que en el caso de los niños, el trabajo de asistentes sociales también detecta presencia de violencia en la pareja. “Son familias multiproblemáticas”, señalan las autoridades. La llegada del Juzgado de Familia se convertirá en pieza clave para tratar las situaciones judicialmente.

El 70% de las denuncias de casos de violencia que reciben en sus oficinas corresponde a niños que son maltratados o abusados sexualmente.

Según datos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio de Pilar, el 70% de las denuncias de casos de violencia que reciben en sus oficinas corresponde a niños que son maltratados o abusados sexualmente.
Así lo afirmó la titular de esa dependencia comunal, Soledad Iraizoz, en declaraciones radiales, al tiempo que afirmó que el 30% restante de los casos recibidos son de mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. Aunque de todas maneras esa relación 70/30 se aplica para dar una claridad estadística a una cuestión que es mucho más compleja.
Es que desde esa Dirección aseguran que dentro de los casos de los niños que son abusados, el trabajo de las asistentes sociales que se encarga de contener y encauzar la problemática, también detecta la presencia de violencia en la pareja.
“A los fines estadísticos, la relación es 70/30, pero las familias que tienen niños víctimas de maltrato son multiproblemáticas y la violencia en la pareja también está presente”, aclaró Iraizoz.
Asimismo, la llegada de las denuncias sobre maltrato y abuso de menores se produce porque el Municipio de Pilar ha firmado en el año 2007 un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense, el cual ha convertido al distrito en Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
“Por eso la mayor demanda tiene que ver con niños con sus derechos vulnerados”, explicó Iraizoz, al tiempo que señaló que ese convenio se convirtió en una herramienta importante ya que tras la rúbrica, la Dirección de Niñez tiene la potestad para peticionar ante la Justicia medidas de protección para un niño vulnerado.
“Podemos pedir que los chicos vulnerados vayan a vivir a la casa de un vecino, o a la de un miembro de la familia extensa o, en el peor de los casos, a una institución”, detalló Iraizoz.
Por otra parte, se siguen sumando herramientas para preservar la integridad de las personas con sus derechos vulnerados. La más reciente es la llegada a Pilar del primer Juzgado de Familia.
Desde el área de Niñez, destacaron que el desembarco de esa dependencia “es importantísimo, porque se va a lograr dar un cierre en la atención de la problemática de la violencia” desde el punto de vista judicial.
“Cuando las víctimas estén en condiciones de denunciar a sus agresores, ya va a haber un Juzgado que dictará medidas cautelares como la exclusión del agresor del domicilio o demarcación de un perímetro para que las víctimas se sientan más seguras”, destacó la titular del área local.

Niños en la calle
Desde el año 2003, la Dirección de Niñez también puso el foco en la problemática de los niños en situación de calle. Y según los números que manejan desde esa área, en aquel año habían comenzado a trabajar con un total de 48 familias que evidenciaban la presencia de chicos que realizaban diferentes tareas en la vía pública, como limpiar vidrios, pedir monedas o hacer malabares en los semáforos.
Ahora, las familias con las que se está trabajando se han reducido a 12. Pero de todas maneras, la titular de la dependencia asegura que ese problema “es una de los más difíciles de encauzar y las estadísticas van rotando continuamente”.
“Es un trabajo arduo en el que primero hay que tomar contacto con los niños, y luego hacerle entender a los padres que la situación de calle no es la ideal para sus hijos”, explicó Iraizoz.
Asimismo, lo que más llama la atención a las trabajadoras sociales es que de esas 12 familias con chicos en la calle menores de 18 años, la mayoría de ellos están escolarizados. Quizá la Asignación Universal por Hijo, que obliga la escolaridad, sea una de las razones para explicar el fenómeno.
“A veces el común de la gente tiene la fantasía de que la intervención del Estado hace a la inmediatez de que el chico deje de estar en la calle, pero en el medio se mezclan cuestiones culturales con familias que tienen generaciones de vivir de esa manera, y nuestras intervenciones no son desde lo policial sino desde lo educativo, social y psicológico”, cerró la profesional.

Patricia Alba