viernes 9, julio 2010

Tarifas y calidad, en la mira

Diputados y Defensor Provincial intervienen por el caso Sudamericana de Aguas

Una legisladora de la C.C. quiere saber si los aumentos son legales y si el agua es apta para el consumo humano, luego de la aparición de análisis privados que dicen lo contrario. Además, la situación es analizada por el ombudsman bonaerense. En Pilar el Concejo Deliberante espera respuesta a informes pedidos al Ejecutivo.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo bonaerense analizan por estas horas la situación de la prestación del agua de red de Pilar.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo bonaerense analizan por estas horas la situación de la prestación del agua de red de Pilar, cuestionada por los aumentos tarifarios y la presunta contaminación del fluido.
Por un lado, la Diputada provincial por la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro, presentó un proyecto de Resolución en la Cámara Baja bonaerense, que avanza sobre la calidad del agua de red de Pilar, y el cuestionado cuadro tarifario.
El proyecto prevé resolver “dirigirse al poder Ejecutivo para que, por intermedio del organismo correspondiente, en forma escrita y urgente, informe a este cuerpo sobre la potabilidad del agua que es destinada al consumo humano y con otros fines domésticos y sobre otros aspectos relacionados con el valor tarifario en el Municipio de Pilar”.
En un extenso escrito, la legisladora reclama copia del contrato de concesión, informes si se está con conocimiento de los estudios del agua realizados por vecinos, copia de los controles del agua efectuados por la empresa durante este año, plan de obras, detalle las últimas inspecciones realizados a la proveedora por parte del OCABA, y si hubo sanciones en caso de incumplimiento.
El texto que por estas horas analiza la Cámara de Diputados de la Provincia hace referencia a las denuncias de los vecinos respecto a la presencia de Arsénico y Nitratos por encima de los valores permitidos por el Código Alimentario Argentino (denuncias publicadas por Pilar de Todos en varias oportunidades). Pero también que la empresa justifica que rige una ley provincial cuyos valores son más permisivos, y que sí cumplimentaría la prestataria.

Defensoría
Además, Pilar de Todos pudo saber que la situación ya estaría en manos del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, oficina desde donde incluso ya habrían mantenido contacto con la concejal de Pilar por la C.C. Marcela Campagnoli, una de las denunciantes.
“Me llamaron desde la Defensoría de la provincia, en donde están analizando el tema”, confirmó Campagnoli en diálogo con Pilar de Todos.
Además de la Defensoría provincial, Campagnoli elevó un escrito a la Defensoría de la Nación, para que esta evalúe interponer un recurso de amparo, ante la posible contaminación.
Al mismo tiempo, también hubo presentaciones de la Defensoría de Pilar, al mando de Orlando Bargaglio, aunque esta última oficina se dedicó a pedir al Concejo que declare nulos los aumentos, por considerarlos antirreglamentarios.
Respecto a la presencia de nitratos y arsénico en el agua, el tema pasa por saber qué legislación es la que rige. Si una que adhiere al Código Alimentario Argentino, u otra provincial, que esgrime Sudamericana, que permite valores más elevados de esas sustancias en el fluido.
Es por eso que cuando el tema se trató en el Concejo Deliberante de Pilar se decidió pedir informes que determinen qué legislación es la que se aplica para el caso de Pilar.
Las dudas sobre la potabilidad del agua surgieron primero de la Coalición Cívica, de la mano de Campagnoli, a quien llegaron resultados de análisis presuntamente no aptos para el consumo humano (ver http://www.pilardetodos.com.ar/20100522/aguanota.html y http://www.pilardetodos.com.ar/20100522/aguasudamericananota.html) y del legislador del denarvaísmo Diego Ranieli.
Concejales del oficialismo habían admitido que de comprobarse la contaminación se estaría ante una situación “grave”, pero quieren esperar primero el dictamen, en este caso de Jurídicos y de la OCABA respecto a si rige o no el Código Alimentario Argentino en el caso de una concesión municipal.

Tarifas
El proyecto de la C.C. provincial también avanza sobre la cuestión tarifaria, y pide que se “informe si la empresa prestadora notificó a los organismos de control oficial sobre la política tarifaria” y a su vez que “precise los mecanismos que permitieron el reajuste del cuadro tarifario”.
Los aumentos que aplica Sudamericana en la tarifa han sido cuestionados por sectores de la oposición, no sólo desde la C.C., sino del denarvaísmo de Ranieli y de la Defensoría del Pueblo. Entienden que deberían pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación, antes de su puesto en vigencia por la firma.
La firma, como contrapartida, se remite a un acuerdo sellado en diciembre de 2005 con el Municipio y avalado por el HCD, por el cuál se habilitaba a una serie de ajustes tarifarios, que elevaron las tarifas por encima de un 70% en los últimos años.
Los opositores, si bien admiten la existencia de dicha normativa, insisten en que ese acuerdo obligaba a la empresa a realizar obras que, dicen, no cumplió, y que además “en ningún lado del texto se menciona que los aumentos son automáticos, sin el necesario visto bueno del Concejo”.



 




 
 
 
 
 
 
 



 
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