La tarifa era de 4,50 pesos

De “común acuerdo”, la autopista Pilar Pergamino pasa a manos del Estado

Corredor Americano y Nación rescindieron el contrato. Fue por el retraso en las obras. Aunque el Gobierno admitió que no permitió reajustes tarifarios. La autovía será operada por Nación hasta que se vuelva a concesionar.

El Gobierno Nacional y la firma Corredor Americano han suscrito un acuerdo por el cual la concesión de la autopista Pilar Pergamino pasa a manos del Estado.

El Gobierno Nacional y la firma Corredor Americano han suscrito un acuerdo por el cual la concesión de la autopista Pilar Pergamino pasa a manos del Estado.
El Decreto 891/2010, publicado ayer en el Boletín Oficial, dispone “la extinción del Contrato de Concesión de Obra Pública para la construcción, mantenimiento, administración y explotación” de la autovía de “mutuo acuerdo”, aduciendo que “la grave crisis económica global desatada durante los años 2008 y 2009 y la consecuente imposibilidad de financiamiento, ha impactado en la ecuación económico financiera del contrato, hecho que derivó en el cumplimiento parcial de las obligaciones recíprocas a cargo de las partes”.
En otros término tanto Corredor Americano como el Estado admiten no haber alcanzado las metas de obras, en el caso de la empresa, y la autorización de ajustes tarifarios por parte del Gobierno Nacional. El costo estaba fijado en 4,50 pesos para los que pasaban por Pilar.
El artículo 2do del Decreto que lleva las firmas de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kichner, y el Ministro de Planificación Federal y Obras Públicas, Julio De Vido, señala que será la Dirección Nacional de Vialidad la encargada de  “realizar todos los procedimientos y actos administrativos necesarios para instrumentar la extinción del contrato, incluyendo la liquidación y pago, garantizando la efectiva continuidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad y eficiencia”, al tiempo que se faculta a la misma dependencia, según lo establecido por el punto 3ro. del Decreto, a “dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación del presente Decreto”.
La caída de la concesión había sido reclamada por la Defensoría de Pueblo de la Nación, el bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y, el Pilar, por el ombudsman local, Orlando Bargaglio.