martes 15, junio 2010

Proyecto del edil Diego Ranieli, de Unión Pro

Proponen legislación local para las polémicas saladitas

El concejal de Unión Pro Diego Ranieli presentó un proyecto de ordenanza que prevé regularizar en Pilar una actividad polémica: las ferias llamadas saladitas.

Suspendidas en Pilar hasta julio, y frenadas en provincia 180 días más, la llegada de este tipo de ferias siempre despierta el rechazo del comercio tradicional.

Suspendidas en Pilar hasta julio, y frenadas en provincia 180 días más, la llegada de este tipo de ferias siempre despierta el rechazo del comercio tradicional, que denuncia competencia desleal, evasión de impuestos, falsificación de marcas y hasta presunta mercadería de dudosa procedencia.
El proyecto indica que “se entenderá por ferias internadas, galerías comerciales, o similares en el marco de la presente ordenanza a los establecimientos que se compongan de un predio común y en su interior contemple una cantidad superior a los 6 locales o puestos de venta de medidas individuales no menores de 25 metros cuadrados cubiertos”, sobre un predio que en su conjunto no podrá superar los 800 metros cuadrados.
Según el texto del proyecto al que tuvo acceso Pilar de Todos, “cada local comercial individual deberá contar con habilitación Municipal propia en su rubro y el Administrador o Propietario general del predio deberá llevar un registro con todos los datos personales y fiscales de cada un de los comerciantes, el que deberá estar a disposición permanente del Departamento Ejecutivo”.
El lugar, para ser aprobado, deberá poseer “agua potable, servicio de cloacas y baños damas y caballeros, con mampostería y baños para discapacitados, todos proporcionales a la cantidad de público y en perfectas condiciones de higiene. Nunca podrá ser menor a un baño dama y caballero por cada cuarenta metros cuadrados (40 mts 2.) de la superficie total del predio cubiertos, con desagües conectados a la red cloacal o prever sistema alternativo de tratamiento”. Además, prevé el proyecto de Ranieli que la feria cuente con un servicio de emergencias médicas tanto para los responsables de cada uno de los comercios como de los consumidores, un seguro de responsabilidad civil acorde al volumen del predio que cubra los siniestros de quienes allí trabajen como de los consumidores, iluminación y provisión de energía eléctrica en cantidad suficiente de acuerdo a las pautas y normativa de la empresa proveedora de servicio de electricidad.
Pero además, el texto obliga a los responsables de la feria a contratar seguridad en el interior del predio, “mediante personal policial adicional, o empresas de seguridad habilitados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”; contar con accesos para discapacitados, medios de lucha contra el fuego, playa de estacionamiento no menor al 100% del predio cubierto destinado a los locales, y un espacio para carga y descarga “equivalente al 20% de la superficie cubierta total a habilitar”.
La idea, además, pone el acento en un tema central: el personal.
“Será obligación tanto del administrador o propietario general del predio, como también de las personas físicas o jurídicas, locatarios, que el 75% de los trabajadores que contraten, sean habitantes del Partido del Pilar. Ningún permiso podrá ser otorgado sin comprobar el efectivo cumplimiento de estos requisitos”, añadió Ranieli.
A los efectos de lograr la habilitación los solicitantes deberán acreditar su condición de estar inscriptos en ARBA, AFIP, y demás organismos provinciales y nacionales que la actividad que pretenda habilitar exija.
El dueño del lugar deberá contar con dos años de residencia permanente en el Partido del Pilar y tener domicilio en el Distrito, al tiempo que el Ejecutivo contratará un “análisis de impacto socioeconómico ambiental” a una Universidad Nacional a su elección, a costo del propietario del predio general quien deberá prestar la conformidad junto al inicio de trámite.
El proyecto, además, le pone límites a determinados rubros, como venta de productos alimenticios o de bebidas alcohólicas; productos de cualquier tipo, al mayoreo; instalaciones de puestos, de cualquier tipo, destinadas a la formulación de apuestas, juegos de azar ó similares; oferta y venta de animales vivos; venta de productos pirotécnicos, armas ó municiones, de cualquier tipo.
El predio deberá abonar en concepto de la tasa de inspección de salubridad e higiene el importe que anualmente establezca la Ordenanza Impositiva, y cada uno de los locales abonará de igual forma la que la misma norma determine para cada uno de los rubros que allí se habiliten.
El texto plantea, al menos en los papeles, un riguroso control por parte del Municipio “de la normativa de la Ley Nacional de Marcas y Patentes Nª 22.362; como asimismo se firmarán convenios de colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)”.



 




 
 
 
 
 
 
 



 
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