Subió la tarifa un 60% en los últimos dos años

El agua volvería a subir un 10%; para los opositores es ilegal

Ediles de la minoría admiten la existencia de un acuerdo que permite ajustes en las boletas, pero aducen que no indica que no deben ser avalados por el HCD. El denarvaísmo analiza presentar un recurso de amparo ante la justicia, a través de la Defensoría del Pueblo de Pilar. El mismo camino buscaría la C.C., pero ante el ombudsman nacional. Ayer oficialistas se reunieron con la empresa y también hay dudas.

El bimestre que viene la tarifa del servicio de agua y cloacas volvería a incrementarse en un 10%, y acumularía en dos años un 70%.

El bimestre que viene la tarifa del servicio de agua y cloacas volvería a incrementarse en un 10%, y acumularía en dos años un 70%.
Una presunta nueva suba, habría sido comunicada por la propia empresa a ediles del oficialismo ayer por la mañana, en una reunión que el bloque Z mantuvo con representantes de la compañía, en la sede administrativa del Concejo Deliberante de Pilar.
El incremento se da en el medio de fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición a los mecanismos que usa Sudamericana de Aguas, concesionaria del servicio en parte de Pilar, para elevar paulatinamente la tarifa desde febrero de 2007. La compañía se respalda en un procedimiento avalado por una ordenanza de 2005, que crea una fórmula que traslada a la tarifa la inflación que sufre la empresa en sus propios gastos en insumos y operativos.
Sin embargo, pese a la existencia del acuerdo, sectores antizuccaristas y hasta la Defensoría del Pueblo de Pilar entiende que los incrementos “son ilegales”, ya que no sólo no se ajustan a la normativa vigente, sino que violaría, siempre según las voces opositoras, el mismo convenio que se celebró hace 5 años.
“Sudamericana de Aguas tenía habilitados, por un lado, tres aumentos paulatinos, de los cuales dos estaban atados a determinadas condiciones, como planes de obra e inversión. Lo que queremos saber es si se cumplieron, porque hasta dónde sabemos no se han ejecutado en su totalidad”, enfatizó el edil denarvaísta Diego Ranieli, en diálogo con Pilar de Todos.
En ese sentido, Ranieli mencionó el traslado de la Planta Champagnat (ya ahí no descargan atmosféricos, pero sí recibiría desechos de la red), la ejecución de trabajos en emergencia ambiental, y la extensión de infraestructura “a cargo de la empresa”, según Ranieli, a zonas de Derqui, Pilar y Del Viso.
De todos modos, Ranieli adujo que aunque se hayan completado todas las obras señaladas en el contrato, “eso no significa que los aumentos que se dieron con posterioridad sean válidos”.
“Otra porción de los aumentos la empresa  los aplica con un mecanismo de ajuste por inflación, pero que en ningún lado dice que son automáticos o sin el visto bueno del Concejo Deliberante, como establece la Ley Orgánica de las Municipalidades”, se plantó Ranieli.
Tal como lo señalara días atrás la Defensoría del Pueblo de Pilar, (ver http://www.pilardetodos.com.ar/20100605/defensorianota.html), Ranieli expuso que la incidencia del incremento en los insumos de Sudamericana, y su impacto en la tarifa deberían haber sido informados al HCD, para su posterior aprobación.
“La creación de la fórmula de ajuste tarifario puede ser válida, pero eso no significa que el Concejo no apruebe las tarifas finales que proponga la empresa. Acá se ha violado la Ley, los aumentos son improcedentes y vamos a pedirle acciones a la Defensoría de Pueblo de Pilar, para que ésta a su vez recurra a un amparo ante la Justicia”, planteó Ranieli.
La edil de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, por su parte, también adelantó a Pilar de Todos que, bajo argumentos casi idénticos a los de Ranieli, se presentará ante la Defensoría del Pueblo pero de la Nación, para que también se interponga un amparo que frene los incrementos.
Campagnoli se había reunido a principios de la semana pasada con el titular de la firma, Silvio Zitelli, en dónde la empresa habría expuesto que la respalda el convenio de 2005 que, según las interpretaciones de los opositores, “está mal aplicado y hasta se podría pedir la inconstitucionalidad” de ese documento.

Oficialistas, con algunas dudas
Ayer la bancada oficialista se reunió con representantes de la firma, en donde se intentaron despejar dudas respecto a si los ajustes son válidos o no.
Si bien hubo algunos ediles que dicen no desaprobar ese convenio y por ende los aumentos, hay otros concejales que prefieren ser más cautos.
“La empresa nos dio explicaciones técnicas respecto a los incrementos, nos hemos interiorizado de esas medidas a las que apelan, pero ahora nosotros analizaremos si corresponde. Ellos aducen un acuerdo de 2005, en donde se establecía una fórmula muy compleja. Pero a su vez la empresa se comprometía a cumplir una serie de requisitos, y le hemos pedido que nos entreguen por escrito, por ejemplo, el detalle del plan de inversiones. Nosotros no vamos a delegar jamás el poder de control que nos otorga la ley”, expuso la titular de la bancada oficialista, Liliana Alfaya.

–¿Y la facultad de fijar las tarifas sí va a seguir delegada?—, preguntó Pilar de Todos.
—Bueno, vamos a ver si jurídicamente es viable esa posibilidad, porque hay un acuerdo en el medio—, se alejó Alfaya.
Ese mismo argumento esgrimió el edil Miguel Saric, quien consideró que anular la ordenanza anterior y retrotraer las tarifas, como pide el Defensor del Pueblo, le generaría a la Comuna un “enorme perjuicio legal”.
Saric, titular de la Comisión de Obras Públicas y uno de los ediles que mantiene contactos casi semanales con la empresa y funcionarios del Ejecutivo, adujo que el acuerdo autoriza a la concesionaria a aumentar “según variaciones del INDEC”, y pidió ponerse del lado de los empresarios.
“Ellos tenían autorizados aumentos que no aplicaron por cuestiones políticas, porque alguien les pidió que no lo hagan para no entorpecer las elecciones de determinado momento, pero ahora lo están haciendo y es válido”, aseguró.

—¿Cumplió Sudamericana con el plan de obras establecido?—, preguntó Pilar de Todos.
—Hay cosas del convenio que no vi, porque me centré en la cuestión tarifaria, pero vamos a pedirle toda la información—, respondió.

—¿Conviene que fijar el costo de un servicio público quede en manos sólo de la empresa, sin que intervenga el Concejo como lo establece la Ley?—, inquirió este medio.

—Cuando las cosas se acuerdan entre bambalinas pasan esto. Pero yo no estaba en diciembre de 2005 como concejal, y la verdad es que el convenio existe y no podemos hacer nada. Y si intentamos voltear la ordenanza, el perjuicio para la Comuna, es decir para toda la gente, puede ser muy grande—, finalizó el edil.