Desde marzo debería regir el libre acceso a los datos públicos, pero no se cumple
En Pilar, el Acceso a la Información es sólo para Zúccaro
El Jefe Comunal tiene los números de la pobreza, pero los mostrará cuando vuelva de vacaciones. Nadie más en el Gobierno se anima a revelarlos. También se estaría frenando difundir el listado de funcionarios morosos “porque primero lo tiene que estudiar el intendente”. Opositores no recibieron datos de privatizadas, pedidos hace 3 meses.
Por Sebastián Seco
secosebastian@yahoo.com.ar
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En Pilar, el acceso a los datos públicos, aquellos que regulan el funcionamiento de la administración comunal, parecen ser potestad y propiedad de una sola persona: el intendente Humberto Zúccaro.
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Todo pasa por él. La información y la decisión de mostrarla o no. En Pilar, el acceso a los datos públicos, aquellos que regulan el funcionamiento de la administración comunal, parecen ser potestad y propiedad de una sola persona: el intendente Humberto Zúccaro.
Datos de privatizadas, estadísticas sociales, información contable, y hasta un listado de funcionarios morosos que pidió el Concejo Deliberante sólo serán (o no) difundidos si lo decide el mandatario local, cuando retorne su cargo luego de una licencia de una semana.
Sin importar que en Pilar rige desde marzo de este año —o al menos eso establecían los plazos previstos por una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante el año pasado—, el libre Acceso a la Información Pública. Posibilidad que, por ahora, aparece apenas como un espejismo que nada tiene que ver con la realidad.
Por ejemplo, Zúccaro tiene en su poder un relevamiento estadístico que revela cuál es la situación de la pobreza en Pilar. Los datos fueron pedidos por la oposición hace más de 8 meses, cuando el propio Z abrió una ronda de diálogo con los partidos (aunque no todos) de la minoría.
Sin embargo, ningún funcionario se atreve a revelarlos. Y no tanto por lo que diga la estadística (los niveles de NBI seguirían entre el 23% y 25%), sino porque hay sólo una voz autorizada para difundirla: la de Zúccaro, obvio.
Con el objeto no sólo de conocer algunos datos y contratos que unen a la Municipalidad con concesionarias de servicios públicos, sino también con el fin de “testear” el libre acceso a la información, el ex candidato a concejal por el Acuerdo Cívico y referente del Encuentro Pilarense, Gabriel Lagomarsino, presentó el 8 de enero de este año un pedido de informes que pretende información de la recolectora de basura, Transur, y de la empresa que ofrece el servicio de agua potable y cloacas en partes de Pilar, Sudamericana de Aguas.
Sin embargo, a 3 meses de presentada la carpeta, el Municipio todavía no entregó la información solicitada. Ni media foja. “Me dicen que las carpetas están en tránsito, o en análisis de determinadas oficinas públicas, pero ya pasaron 3 meses”, señaló Lagomarsino en diálogo con Pilar de Todos.
El ex candidato a concejal, incluso, presentó el miércoles en el Municipio un pronto despacho para que se aceleren los tiempos y se entregue la información requerida.
Cuando Lagomarsino reclamó los datos, en enero de este año, aún no estaba reglamentada la ordenanza de libre acceso a la información (aprobada a fines de noviembre de 2009, pero con un plazo de reglamentación de 3 meses), pero sí la ley de procedimientos administrativos, que también regula el acceso a determinados datos. Esa ley, incluso, establece plazos perentorios para la entrega del material reclamado. Sin embargo, en el caso del pedido de Lagomarsino, ya se sobrepasaron esos tiempos con creces, y los datos siguen sin aparecer.
Por otro lado, el año pasado el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes por el cual le solicitan “en un plazo no mayor a los 30 días” un listado de la situación tributaria ante la comuna de todos los funcionarios de la gestión Z, desde diciembre de 2003 hasta la actualidad, incluido concejales, estén o no en actividad. El argumento del creador del proyecto era bastante lógico: “Si el Municipio aprieta a los contribuyentes para que mantengan sus tasas al día, es justo saber si hay algún funcionario que no paga”, explicó el oficialista Miguel Saric. El proyecto fue aprobado, pasaron mucho más de 30 días y… nada.
Que lo está analizando la Dirección de Personal, que ahora lo tiene Legales, que ya pasó a Hacienda o Rentas Inmobiliarias, los justificativos. Pero lo cierto es que el listado ya estaría elaborado, pero sólo sería difundido (o no) una vez que sea “estudiado” por el intendente Humberto Zúccaro. “Hay funcionarios cagones que no se animan a mostrar las cosas; hay que ver qué hace Zúccaro cuando vuelva, porque hasta donde sé alguno con deudas hay, y entre los políticos no se quieren pisar la manguera”, se despachó un edil en diálogo con Pilar de Todos, bajo estricto pedido de reserva de identidad.
Ese mismo concejal informó que desde la propia Comuna le admitieron semanas atrás que todavía no estaba implementado el acceso a la información, “por una cuestión técnica”, pero que no supieron explicarle a qué se referían con eso.
Lo concreto y real, es que pese a las promesas e incluso los avances logrados, como la aprobación de la Ordenanza de Libre Acceso a la Información Pública, los datos municipales, aquellos que rigen la administración comunal y que, en definitiva, están estrechamente ligados a la calidad de la gestión, siguen siendo potestad, y propiedad de una sola persona: Humberto Zúccaro.
