Análisis

Mitos y verdades sobre la nueva ley de Medios

Una a una las dudas respecto a la legislación que se quiere aprobar. ¿Es una Ley contra Clarín? ¿Se favorecerá a los sectores kirchneristas, en perjuicio de los otros? ¿Se trata de reemplazar un monopolio con otro?

Un repaso uno a uno los mayores mitos creados en torno a la nueva ley de medios que se busca aprobar en la Argentina.

Mito: El gobierno evaluará las licencias de los canales cada dos años.
Verdad: La ley, igual que en otros países, establece la renovación de las licencias cada 10 años, y no por el gobierno, sino por la “autoridad de aplicación” formada por gobierno y oposición, y controlada por un consejo de representantes del gobierno, del congreso, de universidades y otras organizaciones. Y 10 años es mucho tiempo para pensar que esto está siendo pensado para afectar la política del corto plazo. Lo que sí se evalúa cada dos años es el panorama técnico, para ver si cambios en la tecnología obligan a actualizar los tops de cantidad de licencias.

Mito: Se reemplaza un monopolio por otro.
Verdad: No hay nada en la ley que de pie a semejante teoría. La ley establece máximos de licencias de medios para una misma empresa en determinada área, y establece que las empresas deben elegir entre distintas áreas del negocio de modo de no crear conflictos de intereses. Ahora la ley ya no permite que las telefónicas entren al negocio del cable, así que tampoco por ese lado se puede pensar en que se habilite un monopolio.

Mito: No permitir que una misma empresa tenga un canal de aire y un cable a la vez es una disposición arbitraria, sin sentido, para perjudicar a Clarín.
Verdad: No, es bastante inteligente. La ley prevé que el negocio del "triple play" que se viene es inmenso, sería malo que esas empresas puedan también tener medios de comunicación. Por eso la ley crea dos mundos distintos. Uno de empresas solo “técnicas”, simples proveedoras de conectividad (internet-tv-teléfono, el famoso “triple play”). Ese negocio es tan grande que es bueno que los que participan en él no puedan tener acceso a canales. Esto es muy avanzado, y ataca un problema que empieza a aparecer en otros países que no tienen esta cláusula: el tema de la “net neutrality” (neutralidad de la red). Esto quiere decir que los proveedores de conectividad sean neutros respecto de las señales que transmiten. Por ejemplo que no jueguen con qué canales ponen en la grilla, o no hagan crecer un monopolio del cable por haber conseguido un acceso monopólico a algún contenido (como pasó con el fútbol, que fue usado por un gran grupo nacional para forzar el mercado y comprar decenas de empresas de cable).

Mito: El que ONGs y sindicatos tengan canales es para que esas instituciones pongan canales afines al gobierno.
Verdad: La ley no tiene restricciones acerca de qué instituciones pueden acceder a una licencia. Algunas instituciones que podrían tener canales de televisión serían Poder Ciudadano, la Iglesia, el sindicato de Barrionuevo.

Mito: La ley le da excesivo poder al gobierno de turno.
Verdad: Hoy en día el Comfer es manejado por una sola persona, designada en un 100% por el poder ejecutivo. Eso es reemplazado por una comisión formada por miembros del poder ejecutivo, diputados, universidades, y hasta un miembro representante de los pueblos originarios. Según muchos, el proyecto actual da demasiada participación al ejecutivo, es uno de los puntos que probablemente se modifiquen en el congreso. El gobierno dice que la composición está copiada de la que tiene la comisión análoga en EE.UU.

Mito: La ley es un invento a las apuradas de este gobierno
Verdad: Este proyecto de ley es el resultado de un largo proceso que se inicia en la propuesta espontánea de ONGs y asociaciones que se juntaron en la Coalición para una radiodifusión democrática. Este colectivo generó 21 puntos que, para ellos, debería contemplar una nueva ley de radiodifusión. El gobierno luego publicó un proyecto inicial y a lo largo de meses recibió sugerencias y comentarios, para luego crear un segundo proyecto de ley que es el que se envió el 28 de agosto de 2009 al Congreso.

Mito: Esta es una ley sólo para pelearle a Clarín
Verdad: No hay ninguna referencia a Clarín. Esta es una ley antimonopolio, y si Clarín es el más afectado lo es por su posición monopólica (que hasta la oposición reconoce). Es cierto que la ley es parte de una situación de conflicto determinada, pero en cuestión de leyes las situaciones pasan y los textos quedan. El texto de la ley es lo único que importa a la hora de juzgarla. Por otro lado, parecería imposible imaginar una ley antimonopolio que no le pegue a Clarín, si una ley que se pretende antimonopólica es benigna con ese grupo... ¡desconfiemos!

Mito: El gobierno fuerza a vender a las empresas a precio vil y designará a los nuevos compradores, todos amigos.
Verdad: El gobierno no elige a quién le venderán las empresas que se separen de los grupos concentrados. Es cosa de ellos. Y tampoco puede controlar discrecionalmente las adjudicaciones: Toda adjudicación es por concurso público, y los jueces de ese concurso son elegidos por el consejo federal. Nosotros en Argentina no estamos muy acostumbrados a las leyes antimonopólico, principalmente porque los poderes políticos y económicos siempre anduvieron intercambiándose favores. Sin embargo en países como Estados Unidos y los de Europa es muy común que una empresa sea forzada a vender, a desinvertir, a corregir lo que es una "distorsión" del mercado.