Análisis

¿Cómo organizamos el caos?

Por María Rosa Batalla
Lic. en Información Ambiental (Universidad Nacional de Luján)

Docente investigadora de la Universidad Nacional de Luján
Profesora en el Campus Virtual del IMAE, Instituto del Medio Ambiente y Ecología de la USAL
Profesora de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín
Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Especialista en Educación Ambiental (Universidad del Comahue)
Especialista en Comunicación Científica, Médica y Ambiental (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona)

Quien haya prestado atención a titulares, noticias y programas de radio locales por estos días, habrá tenido oportunidad de verificar un tema recurrente: conflictos territoriales en  Pilar. Las formas que adoptan estos conflictos son diversas:  desde el cierre (por parte de un grupo de vecinos) de una calle pública de manera inconsulta, al tratamiento en el Concejo Deliberante para la aprobación de un controvertido emprendimiento  hasta el pormenorizado detalle del actual panorama del mercado inmobiliario en la Panamericana.
¿Cómo podemos interpretar estas cuestiones? Quienes hemos hecho del ordenamiento territorial un tema de estudio y análisis, seguimos la evolución del crecimiento desordenado y anárquico que vive nuestro partido desde siempre.
En 2004, con motivo de la publicación de una tesis de licenciatura, decía: “El ejemplo de la ciudad cerrada encaja perfectamente a los principios que el modelo neoliberal proclama: privatización urbana, desregulación, individualismo, y fragmentación social”.
Más allá de la mera descripción académica, lo que pretendíamos era alertar sobre los efectos que el crecimiento acelerado de Pilar (llamado también como el boom inmobiliario)   generaba y generaría entre los miembros de su  sociedad.
En esa misma investigación,  se evidenciaba que era el mercado quien ordenaba el territorio. “En el paisaje resultante, donde el ordenamiento urbano se rigió por las normas del mercado inmobiliario, se diluyen  los límites entre lo urbano y lo rural,   a la vez que se percibe nítidamente la diferencia entre  “lo privado” de “lo público. No ha sido evaluado cómo el desarrollo de estos proyectos se asimilaba con los distintos centros urbanos ya existentes y no se  contempló cómo se  concebía la futura expansión urbana”.
Hoy seguimos discutiendo el cambio de uso de suelo en Pilará II. Aún no se han conocido los resultados de una audiencia pública que en diciembre llamara a la participación de  la ciudadanía. Sin embargo, problemas en el abastecimiento del agua para los vecinos de Carabassa, falta de infraestructura e invasión de espacios naturales que requieren protección ambiental afloraron en esa audiencia de “oídos sordos”.
Otro  conflicto entre vecinos se da entre dos barrios de Del Viso. Unos reclaman la reapertura de calles públicas que han sido   “autocerradas”. Esto vulnera el derecho constitucional de libre circulación. También se denuncia el corrimiento de un alambrado perimetral de un tradicional country sobre el espacio público. En ese trabajo  sosteníamos que el crecimiento de Pilar determinaba  “…características urbanísticas totalmente atípicas, afectando seriamente la circulación y conexión de sus pobladores. Además, téngase en cuenta que  en algunos casos las calles continúan siendo públicas aún cuando el barrio sea cerrado. La situación de cierre del trazado de calles públicas dentro de las urbanizaciones cerradas, está siendo revisada por el ejecutivo municipal al cierre de esta tesis. Con ello, el gobierno intenta negociar con los emprendedores la venta de calles públicas. Los fondos recaudados serían invertidos en obras en los barrios aledaños a las urbanizaciones cerradas  y en infraestructura para el partido del Pilar”.
Otro conflicto se genera por una aparente  desaceleración del desarrollo en el llamado Kilómetro 50.
Se consideran  “improductivas”  a las tierras que aún no han sido comercializadas.  ¿Por qué debería continuar el crecimiento al estilo de ciertos emprendimientos? Algunos de ellos, como el Downtown Pilar,   vulneraron las normas vigentes y se escudaron bajo la premisa de que el mercado todo lo puede y todo lo que toca es bueno, por su propia naturaleza. La gran mayoría de las veces, avasallando a la naturaleza y las reglas que la caracterizan. Alentar el crecimiento inmobiliario, en discordancia con la extensión de redes de agua potable, gas natural, cloacas, redes viales, es al menos indecoroso. No puede haber acceso a servicios básicos esenciales sólo para algunos. El desarrollo y el crecimiento no pueden darse a cualquier precio.
Decíamos entonces, y continuamos afirmando ahora que: “…En el caso específico de Pilar, y a pesar de que ha sido uno de los municipios bonaerenses que mayor cantidad de inversiones extranjeras directas ha recibido (inversiones orientadas hacia el sector de infraestructura vial, equipamientos privados de salud, complejos comerciales y hotelería internacional, entre otros rubros), la totalidad de su población no se ha visto beneficiada con ellas. Es decir, no ha cambiado la calidad de vida urbana de sus habitantes. No se han evidenciado los beneficios de la localización de dichas inversiones”.

Se hace imprescindible que la población tenga acceso al plan de ordenamiento territorial que rige en nuestro municipio, si es que tal plan existe. El rol del Estado es el de alentar las inversiones privadas pero para que permitan elevar la calidad de vida de toda la población. Dado dentro de un marco regulatorio adecuado a los tiempos que corren,  respetuoso del medio ambiente y en armonía con los distintos centros urbanos ya existentes.
Pilar necesita su propio plan estratégico. Que contemple el ordenamiento, la planificación y la mejora ambiental del distrito. Pero es visto que sólo la humildad de un auténtico  estadista puede comenzar a implementarlo. Sabido es que todo lo que se inicie en una gestión va a requerir la continuidad en otras administraciones, más allá de los colores partidarios de quienes tengan en su mano esa continuidad. 
Del mismo modo, se requiere con urgencia establecer pautas claras que atiendan no sólo el rédito económico de unos pocos sino al bien común de todos los habitantes del distrito. El objetivo de toda gestión que se precie de tal debería ser un crecimiento y un desarrollo sustentable con equidad social.

Por María Rosa Batalla
Lic. en Información Ambiental (Universidad Nacional de Luján)

Docente investigadora de la Universidad Nacional de Luján
Profesora en el Campus Virtual del IMAE, Instituto del Medio Ambiente y Ecología de la USAL
Profesora de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín
Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Especialista en Educación Ambiental (Universidad del Comahue)
Especialista en Comunicación Científica, Médica y Ambiental (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona)